En nuestro país faltan 60 días para las Elecciones Generales que se llevaran a cabo el día domingo 12 de abril de 2026, para elegir al presidente, vicepresidentes, senadores y diputados al Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Si analizamos la convocatoria anterior, esta se dio en un contexto de crisis por la Covid-19 (2020) y el año pasado (2025) en una grave crisis de seguridad ciudadana, que se ha agudizado a la fecha.
Consultando los resúmenes de planes de gobierno a través del Programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se tiene 38 organizaciones políticas inscritas (35 partidos políticos y 3 alianzas electorales), de los cuales solo 36 llevan candidatos presidenciales, siendo 2 partidos que no tienen candidatos a la presidencia, el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP) y el Partito Ciudadanos por el Perú (CPP).
Hoy más que nunca, se hace necesario revisar estos 36 planes de gobierno que proponen estos partidos en materia de seguridad ciudadana, para ello, se agrupado en cuatro dimensiones: 1) Prevención del delito, 2) Efectividad del Sistema de Justicia, 3) Gobernanza multinivel y participación ciudadana, y 4) Reformas de leyes y normas del Estado; en virtud al Formato Resumen de Plan de Gobierno que exige el JNE; que tiene como objetivo brindar al ciudadano una visión resumida de las propuestas también en cuatro dimensiones, social, económica, ambiental e institucional, cuya estructura es identificar los problemas priorizados, señalar objetivos estratégicos (solución al problema), indicadores y metas a cumplir 2026 - 2031.
Respecto a la Dimensión número 1: Prevención del delito. Esta agrupa las propuestas orientadas a evitar que el delito ocurra, abordando tanto las causas sociales como las oportunidades para la comisión de ilícitos. Las estrategias se centran en la intervención temprana, la recuperación de espacios públicos y el uso de tecnología para la disuasión. Siendo el Partido Morado, Partido del Buen Gobierno, Perú Libre, Partido SíCreo, Podemos Perú, Salvemos al Perú, Partido Aprista Peruano, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Libertad Popular y Fuerza Popular, que tienen un consenso en la necesidad de abordar las causas sociales del delito, especialmente en la juventud, a través de programas de educación, cultura y deporte, sistemas de videovigilancia avanzados (C5i), prevención de la violencia de género y violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, creación de Hogares de Refugio Temporal y el fortalecimiento de los Centros de Emergencia Mujer (CEM).
La Dimensión número 2: Efectividad del Sistema de Justicia. Se enfoca en las propuestas para mejorar el funcionamiento de este, incluyendo la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario (INPE), hoy llamado Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). El objetivo es reducir la impunidad y garantizar una sanción efectiva del delito.
En esta parte destacan el Partido Democrático Unido Perú, Juntos por el Perú, Primero la Gente, Partido Morado, Avanza País, Ahora Nación, Fuerza y Libertad, Alianza para el Progreso, Partido del Buen Gobierno, Podemos Perú, Partido Frente de la Esperanza, Partido País para Todos, Partido Patriótico del Perú, Integridad Democrática, Perú Moderno, Un Camino Diferente, Partido Demócrata Verde, Perú Primero, Partido Político PRIN, Unidad Nacional y el Partido Político Cooperación Popular. Siendo la reforma de la Policía Nacional un punto central para la mayoría de estos, con énfasis en la profesionalización y especialización en inteligencia e investigación, equipamiento y la lucha contra la corrupción interna, la creación de un Ministerio de Defensa y Seguridad Interna, y hasta un Ministerio de Guerra, construcción de laboratorios de investigación criminal, modernización del sistema de justicia a través de la digitalización (expediente electrónico) y la mejora de la interoperabilidad para combatir la lentitud y la impunidad. En el ámbito penitenciario, las propuestas van desde la construcción de nuevos penales de máxima seguridad, hasta la implementación de regímenes de aislamiento más estrictos para líderes criminales, buscando cortar la comunicación con el exterior.
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